Periodistas de Veracruz dicen en carta abierta que el crimen infiltró el Gobierno de Duarte
10 febrero, 2016
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Periodistas de Veracruz dicen en carta abierta que el crimen infiltró el Gobierno de Duarte

Anabel tenía 32 años de edad. Era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono. Al momento de su secuestro y asesinato laboraba en El Sol de Orizaba.

SFM/SinEmbargo

Ciudad de México.– Cuarenta y tres reporteros de Córdoba, de la región central y del estado de Veracruz, manifestaron hoy en una carta abierta su repudio a la muerte de Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana de El Sol de Orizaba, secuestrada por hombres armados que irrumpieron en su casa. Ayer fue hallada sin vida y con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios kilómetros de donde fue sustraída.

El gremio periodístico exigió a los gobiernos federal y de los estados de Veracruz y Puebla, así como al Congreso de la Unión y al de las dos entidades, dejar “de ser omisos” y parar “esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres”.

En un dramático llamado, dijeron: “Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado pedir”.

Los compañeros de trabajo de Anabel alertaron, mediante un posicionamiento público, que el Gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, “está permeado por la delincuencia”. Dijeron que antes dudaban “que Puebla estuviera contaminada, pero ya vemos que sí”.

“Si todos ustedes, gobernantes, cobran por administrar la vida social de todos, lo están haciendo muy mal, están pudiendo muy poco. No entendemos. ¿Por qué siguen cobrando por un realizar una pésima función pública? ¿Por qué no renuncian?”, dice la carta.

Amnistía Internacional (AI) también pidió hoy al Gobierno mexicano que garantice la protección a los periodistas tras el asesinato de Anabel. La organización de defensa de los derechos humanos instó también a las autoridades a investigar exhaustivamente el “brutal asesinato” de la joven de 32 años, que pone de manifiesto “la horrorosa realidad” que afrontan los informadores en México, según un comunicado.

“Aquellos que no están dispuestos a detenerse ante nada para silenciar a los periodistas deben pagar por sus delitos”, ha declarado la directora de Amnistía para las Américas, Erica Guevara-Rosas. México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos, y afirma que “no proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos”, dijo Guevara-Rosas.

Los periodistas exigieron parar “esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en Veracruz de parte de este desgobierno”. Demandaron frenar “esta pesadilla que todos ustedes están provocando en toda la entidad veracruzana”.

“¿No quieren que escribamos tragedias? Dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos? Entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa solo somos un espejo de la vida real, nosotros no inventamos nada, sólo anotamos”, manifestaron.

Ayer, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación y persecución del delito y que se considere el ejercicio periodístico como el motivo de su asesinato.

“Las autoridades en Veracruz tienen un historial de denigrar las actividades de los periodistas locales sin proporcionar alguna prueba concreta”, dijo Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité con sede en Nueva York. “Exhortamos a las autoridades abstenerse de hacer acusaciones infundadas que podrían poner aún en mayor peligro a la prensa de Veracruz”.

La periodista de 32 años fue secuestrada por hombres armados que irrumpieron en su casa. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Sospechaba que era Flores Salazar. Después de confirmó.

El CPJ pidió a las autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación y persecución del delito y que se considere el ejercicio periodístico como el motivo de su asesinato. El organismo precisó que un comunicado de la oficina de la Fiscalía del Estado de Veracruz, emitido poco después del secuestro de la reportera, señaló que en agosto de 2014 Flores Salazar había estado en compañía de un presunto miembro de un grupo del crimen organizado cuando éste fue detenido. Las autoridades dijeron que están investigando la posible relación entre Flores Salazar y este individuo. El comunicado no dio más detalles.

Pero Luz Salazar, la tía  de la periodista, indicó al CPJ que no estaba al tanto de ninguna amenaza contra Flores Salazar. Cuando el organismo pidió a ella hablar sobre la supuesta conexión, dijo que su sobrina había estado cenando con su familia cuando el presunto delincuente, que estaba en el mismo restaurante pero no con ellos, fue detenido.

El Buen Tono, uno de los diarios en los que ella trabajó, informó ayer en su edición impresa que Flores “fue despedida en septiembre de 2014 al constatarse que su nivel de vida, al constatarse que su nivel de vida no correspondía con el sueldo que percibía en la empresa. Manejaba una camioneta Patriot, de su propiedad, vehículo que difícilmente puede ser adquirido por un reportero, debido a su alto costo”. El Sol de Orizaba sostuvo que Flores se desempeñaba como reportera freelance desde hace seis meses.

En agosto de 2015, cinco hombres armados irrumpieron en un bar de Orizaba y asesinaron a un reportero que estaba sentado en una mesa con un conocido jefe de una banda de narcotráfico. El gobierno estatal indicó en un comunicado que las seis personas muertas “se encontraban conviviendo” cuando el grupo irrumpió en el lugar. “Testigos presenciales refieren que un comando, integrado por cinco personas, con armas de alto poder se dirigieron directamente contra las personas hoy fallecidas y dispararon en su contra”, dijo el comunicado.

El gobierno afirmó que “las autoridades encontraron armas y vehículos de los occisos”. Además del reportero Juan Heriberto Santos, de la televisora Telever, el gobierno identificó a José Márquez Balderas, “el Chichi”, como jefe de Los Zetas.

En julio del año pasado, en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Rubén Espinosa Becerril, quien había denunciado amenazas en su contra y culpaba directamente a Javier Duarte de Ochoa de cualquier atentado en contra de su integridad física. Con él fue asesinada, en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cuatro mujeres: la activista Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro, de Mexicali; Mile Virginia Martin, una ciudadana colombiana y Alejandra Negrete Avilés, empleada doméstica.

Los cinco mostraban marcas de tortura y habían sido asesinados a quemarropa.

Este último homicidio provocó una fuerte movilización de periodistas y activistas, que exigen hasta el día de hoy que Duarte de Ochoa sea juzgado como pregunto implicado.

Flores Salazar es el periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Duarte de Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19.

Anabel era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono. Al momento de su secuestro y asesinato laboraba en El Sol de Orizaba.

Tenía a su cargo la cobertura de notas informativas de carácter policiaco en los municipios de Ciudad Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, Ixtaczoquitlán, donde recogía informaciones tanto de accidentes automovilísticos como de homicidios y ejecuciones, que en los últimos días se han agudizado en esta región centro del estado de Veracruz.

El día lunes fue sacada de su domicilio el 8 de febrero en Mariano Escobedo, Veracruz, por hombres armados que alegaron tener una orden judicial para su arresto. Un día después fue encontrada muerta con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios kilómetros de donde fue sustraída.

Así, Anabel Flores Salazar se convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19.

Sus compañeros han cuestionado el que sujetos armados pudieran entrar a una casa sin que las autoridades de vigilancia los detectaran y que además circularan con una persona secuestrada por una ciudad, con hombres armados y con uniformes parecidos a los policiacos.

“¿Cómo se pueden burlar todos los blindajes de las Fuerzas Castrenses? ¿Cómo se puede entrar a otro estado burlando la vigilancia de ambas entidades? ¿Cómo puede haber un asesinato y abandonar un cuerpo en Puebla, sin que tampoco las autoridades poblanas que supuestamente coadyuvaban en su búsqueda, se hayan dado cuenta? ¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada cogobernar ambos estados, tirar cuerpos de un lado y del otro? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la defensa de la libre expresión en ambos estados?”, preguntó el gremio en la misiva difundida desde ayer.

Exigieron que se deje de criminalizar a los periodistas asesinados y de transgredir a la libertad de expresión en Veracruz. “Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno”, manifestaron.